Hungría: absolutismo y retroceso de derechos civiles

01.08.2020

El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, un político autoritario que se vale del nacionalismo étnico y de discursos de odio contra gays, trans, judíos, gitanos, inmigrantes y otras minorías, continúa su camino hacia el poder absoluto.

Por iniciativa de Orbán, el parlamento de Hungría aprobó la semana pasada, por amplia mayoría, una ley que prohíbe a las personas trans modificar en los registros públicos el género que les fue asignado al nacer. La nueva ley cambia la palabra "género" por "sexo de nacimiento" en los documentos de identidad, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio y otros, exponiendo así a miles de transexuales a la discriminación y la violencia. En este país, la presentación de tales documentos es obligatoria en infinidad de situaciones en las que, ahora, volverá a ponerse en evidencia la contradicción entre el género registrado en los papeles y la apariencia física de sus portadores. Organizaciones de derechos humanos van a impugnar la nueva ley en la justicia y, si es necesario, recurrirán a los tribunales internacionales.

Este retroceso en derechos civiles, inédito en la Unión Europea -que en las últimas décadas registró en la mayoría de sus países avances en el reconocimiento de la ciudadanía de las personas LGBT-, muestra la distancia cada vez mayor que separa del bloque a algunos miembros con gobiernos autoritarios, como Hungría y Polonia.

Los mismos avances de derechos que son celebrados en la mayor parte del continente, representan para Orbán una amenaza a los "valores" de su país. Por ello, el primer ministro suele usar a la población LGBT como blanco de sus políticas de odio, que también incluyen a los judíos, los gitanos, los inmigrantes y otras minorías difamadas. En noviembre pasado, contábamos en TN.com.ar que su gobierno le había declarado guerra a Coca Cola por unos anuncios que incluían a parejas del mismo sexo y mostraban una bandera del arcoíris. Esa simple campaña publicitaria de una marca de bebidas, que habría sido elogiada en cualquier país democrático, fue demasiado -una ofensa al país- para un gobierno que ha hecho de los prejuicios su principal herramienta de propaganda.

Políticos del oficialista partido Fidesz y medios estatales y paraestatales dijeron entonces que Budapest estaba "rodeada por el lobby homosexual" y acusaron a la Coca Cola de "seducir" a los jóvenes. En Érd, una ciudad cercana a la capital, el Departamento de Protección al Consumidor del condado de Pest multó a la empresa por 500.000 forintos (alrededor de 1500 euros) por violar una ley que prohíbe publicar materiales que "perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional y moral de niños y adolescentes". Ahora, menos de un año después, esta nueva iniciativa del régimen elige como blanco a las personas transexuales y transgénero, con una ley que no trae ningún beneficio para el resto de la población, pero a ellas puede hacerles la vida mucho más difícil.